Mahatma Gandhi, "La verdad nunca lastima a una causa que es justa"- 72918

Durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, más de 7.291 personas mayores fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, una tragedia atribuida a los denominados "protocolos de la vergüenza". 

 Estos protocolos, implementados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, impidieron el traslado de los residentes a hospitales, incluso cuando presentaban síntomas graves de COVID-19. La negación de atención sanitaria se basó en criterios discriminatorios, excluyendo a los mayores de 70 años y a aquellos sin seguro privado, y priorizando el ahorro de recursos frente a la atención médica. 

Cinco años después, familiares y asociaciones como 7.291: Verdad y Justicia continúan luchando por justicia. Recientemente, un juzgado de Leganés ha imputado a varios responsables, incluyendo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectores generales de Coordinación Sociosanitaria, y a Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Estas imputaciones se suman a otras en curso, reflejando avances en la búsqueda de responsabilidad judicial .

El pasado 1 de junio, familiares y afectados organizaron un homenaje en Madrid bajo el lema "Esto se podía evitar", denunciando la gestión del gobierno regional y exigiendo justicia y reparación. Participaron representantes de partidos políticos como PSOE y Más Madrid, quienes respaldaron las críticas y celebraron las imputaciones de los responsables .

La lucha por la verdad y la justicia continúa, con la esperanza de que los responsables rindan cuentas por las muertes evitables de miles de personas mayores en las residencias.